Este proyecto propone la creación de una plataforma que permita a los canadienses comprender, compartir y proponer soluciones a partir de las experiencias latinoamericanas en materia de denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de políticas y programas de implementación de las obligaciones de los Estados de promover y proteger mejor estos derechos.

Derechos humanos en las Américas

Desde hace algunos años, América Latina se ha destacado como una región que, tras haber atravesado períodos de inestabilidad, guerras civiles y dictaduras, está consolidando su democratización e institucionalización del estado de derecho. Estos avances también se reflejan en el ámbito de los derechos humanos. Aunque todavía queda mucho por hacer en este ámbito, América Latina ha logrado construir una experiencia regional innovadora y prometedora en muchos planos, entre ellos la justicia transicional, el respeto de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo, el pluralismo cultural, la participación política, etc. Estos éxitos han marcado no sólo la historia reciente de los Estados de la región, sino la de todo el planeta, ya sea en el plano normativo e institucional o en el de las estrategias de emancipación y los anclajes culturales (Sikkink 2014).

Estos avances se deben en gran medida al trabajo innovador de algunas instituciones internacionales que, en los últimos decenios, han colaborado con la sociedad civil en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es el caso, entre otros, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (UNWGEID), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Goldman 2009). Aunque algunos pueden sentir que los cambios se producen lentamente, esto se debe a menudo al hecho de que nuestra visión del mundo mantiene y refleja nuestras propias experiencias culturales, económicas y sociales. Para transformar el mundo y marcar un cambio radical en él, específicamente en lo que se refiere a los derechos humanos, es importante tener una perspectiva que incluye a todos los miembros de nuestra comunidad y, más en general, al mundo.

En Canadá, medidas como la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas son la prueba concluyente de este cambio. De hecho, en los últimos años se han creado este tipo de comisiones en numerosos países de América Latina – Perú, Chile y Argentina, por nombrar sólo algunos – para iniciar un proceso accesible centrado en las víctimas.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)

En las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, además de tratar denuncias individuales, también observa la situación de los derechos humanos en la región. Para ello, puede utilizar su sistema de relatores, así como los informes temáticos o por países, para recomendar a los gobiernos que adopten medidas destinadas a promover y respetar los derechos humanos. En cuanto a la Corte, fue establecida en virtud de la Convención Americana; puede tener casos presentados por la Comisión Interamericana o por cualquier otro Estado parte de la Convención en el marco de casos contenciosos en los que se alegue la violación de derechos protegidos por su instrumento constitutivo o por cualquier otro instrumento sobre el que tenga jurisdicción. La Corte también puede emitir opiniones consultivas, a solicitud de cualquier Estado miembro de la OEA y de ciertos órganos de la Organización, sobre la interpretación de la Convención o de cualquier otro tratado relativo a la protección de los derechos humanos en las Américas, así como sobre la compatibilidad de una ley nacional con esos instrumentos.

Si, al asumir sus funciones, los órganos interamericanos se enfrentan a casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por regímenes abusivos, los casos que se les presentan también ponen de manifiesto problemas estructurales relacionados con el funcionamiento de las democracias. Hoy en día, las víctimas suelen formar parte de grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en sus sociedades, y la violación de sus derechos individuales suele plantear cuestiones de discriminación sistémica. La sanción de la violación de los derechos garantizados en este tipo de casos pone en pregunta todo el aparato del Estado en sus funciones legislativas, así como su organización política e institucional. A la luz de esta evolución de la jurisprudencia, la SIDH ha tratado de desarrollar soluciones no sólo basadas en la reparación individual de los derechos violados, sino también en afianzar su análisis en el contexto institucional y social de los asuntos que se le presentan. Al hacerlo, los organismos interamericanos han introducido el principio de protección de los grupos vulnerables «que han sufrido una alienación’ discriminatoria’ desde el punto de vista histórico, sociológico, económico o político». Así, la Comisión y la Corte han desarrollado una jurisprudencia que podría calificarse de «socialmente consciente», reconociendo la existencia de grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para determinar con precisión cuáles son las obligaciones positivas de las que son responsables los Estados en la protección efectiva de los derechos garantizados (Duhaime 2011, 2007).

La posición de Canadá

Mientras Canadá se esfuerza por crear un vínculo más estrecho con sus vecinos latinoamericanos, tanto en el frente de la inmigración como en el del desarrollo económico, muchos canadienses sin duda se sorprenderán al saber que Canadá es uno de los pocos países americanos que no se han integrado plenamente al SIDH.

De hecho, aunque Canadá ingresó a la OEA en 1990, no suscribió a los tratados interamericanos para la protección de los derechos humanos y no ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte IDH en esta materia.

Por lo tanto, Canadá sólo queda obligado por la Carta de la OEA y por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y sólo está sujeto a la competencia de la Comisión Interamericana (Duhaime 2012, 2010). Esta Comisión ha presentado muchas recomendaciones importantes a Canadá en términos de protección de los derechos humanos, entre ellas todo lo que tiene que ver con los derechos de los refugiados y los derechos de las mujeres indígenas (CIDH 2016, 2014, 2000). Cabe señalar que el Senado canadiense ha recomendado en dos ocasiones que el gobierno canadiense se adhiera plenamente a la SIDH (Senado 2003, 2005).

La situación de los derechos humanos en Canadá

Aunque Canadá sea visto o se presente a sí mismo como un defensor de los derechos humanos en la escena internacional, aún quedan muchos problemas al respecto en todo el país. Esto es especialmente cierto en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres a la igualdad y a vivir libres de violencia, los derechos de los refugiados y otros migrantes, la libertad de expresión y la protesta social. Los pueblos indígenas, por supuesto, siguen siendo víctimas directas e indirectas de estas desigualdades, más concretamente con respecto a los derechos territoriales, los derechos culturales y la gobernanza.

Aunque el gobierno haya tomado muchas medidas para remediar esta situación – la Comisión de Investigación de Ciertos Eventos en la Cárcel de Mujeres de Kingston (Comisión Arbour) y la Comisión de Pueblos Indígenas de 1996 1996 (Comisión Erasmus Dussault) – , la situación está mejorando lentamente y los cambios estructurales y culturales están tardando mucho tiempo en ser implementados. La Comisión de la Verdad y Reconciliación abordó diferentes temas en torno a la cuestión de las escuelas residenciales en el siglo XX y el reconocimiento de las experiencias y las consecuencias relacionadas con lo que sufrieron las víctimas. Recién creada, la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas se enfrentará sin duda a numerosos desafíos. Los temas, a la vez teóricos y metodológicos, la documentación de los casos, así como los cambios que deben introducirse tanto en las culturas institucionales como en los procesos de lucha contra la impunidad, son muy reveladores. Más allá de nuestras propias fronteras, podemos ver el impacto de las políticas canadienses en términos de derechos humanos en América Latina, por ejemplo (corporaciones extractivas canadienses, políticas de seguridad y migración, etc.) (Amnesty, Ligue 2015, Aboriginal Women 2011).

La experiencia colaborativa: un proyecto inclusivo

Por ese motivo,  se propone la creación de una plataforma de intercambio y diálogo que permita a los canadienses (público en general, responsables de la toma de decisiones, defensores de los derechos humanos, autoridades Indígenas etc.) comprender mejor las experiencias latinoamericanas en materia denuncias de violaciones de los derechos humanos, así como las políticas y programas para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados que tienen por objeto promover y proteger mejor esos derechos.

Lo que se propone es, en primer lugar, (I) proceder a un estado de cosas que busque no sólo identificar la literatura científica y los informes institucionales pertinentes, sino también identificar los temas y los actores clave en la defensa de los derechos humanos en Canadá y América Latina. Los debates e intercambios Norte-Sur, Sur-Norte se estructurarán y se basarán en las experiencias y observaciones de las principales partes interesadas -mujeres, indígenas defensores de los derechos humanos, etc.- y tratarán, a medio plazo, de integrar mejor a Canadá en el SIDH así como de aprovechar los efectos beneficiosos de la experiencia latinoamericana para la protección de los derechos humanos en este país.

En segundo lugar (II), se propone consultar a las partes canadienses interesadas en un debate nacional sobre los derechos humanos a fin de determinar los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad canadiense a este respecto. Entre ellos figurarán funcionarios de los gobiernos federal y provincial, organizaciones y defensores de los derechos humanos, autoridades indígenas, abogados, etc. Esta consulta también sensibilizará a la población canadiense mediante el intercambio de información y la adquisición de nuevos conocimientos, y las ventajas de una mejor integración de Canadá al SIDH. Durante este ejercicio, se considerarán los prejuicios de ciertos sectores de la sociedad – entre ellos la comunidad jurídica canadiense –  en lo que respecta al SIDH. Al permitir una mejor comprensión de los temas tratados en el contexto de la consulta y en función de los resultados de la investigación realizada anteriormente (I), los debates abarcarán desde la protección de los derechos de la mujer, los pueblos indígenas, los migrantes, la lucha contra el terrorismo, la explotación de los recursos naturales, los derechos económicos, sociales y culturales, la lucha contra la discriminación y la cuestión del federalismo. Podrían celebrarse tres o cuatro mesas redondas de uno o dos días en Quebec, Ontario, Columbia Británica y el norte de Canadá. Asimismo, el investigador y el equipo acompañante proporcionarán un cuestionario a las partes interesadas que no pudieron participar en las consultas.

En tercer lugar (III), proponemos invitar a expertos latinoamericanos y miembros de la sociedad civil (incluyendo organizaciones de defensores de derechos humanos y autoridades indígenas expertos de la Comisión y/o Corte Interamericana, funcionarios latinoamericanos), a Canadá para que puedan ilustrar sus propias experiencias, luchas, desafíos y victorias en estos campos de innovación política y social, gracias, entre otras cosas, a las herramientas suministradas por el SIDH. Se invitará especialmente a los invitados a abordar los temas tratados anteriormente durante las consultas (II). Los actores canadienses que hayan participado en estas consultas serán invitados a estas presentaciones para intercambiar con sus pares latinoamericanos. En el contexto de estas actividades, también se examinarán las mejores prácticas y los éxitos canadienses en materia de protección de los derechos humanos, a fin de que los colegas de América Latina también puedan obtener una información provechosa. Este enfoque también brindará la oportunidad de crear redes y un espacio para el intercambio entre participantes canadienses y latinoamericanos, lo que conducirá a un enriquecimiento mutuo de sus reflexiones y les permitirá proporcionar información sobre su trabajo de incidencia y análisis. Esperamos que estas redes ayuden a que los resultados alcanzados por el presente proyecto sean más sostenibles. Para aumentar los beneficios de este evento, proponemos facilitar la participación de las personas y grupos previamente consultados (II) pero que no puedan estar físicamente presentes en la conferencia, mediante el uso de la tecnología de videoconferencia y las instalaciones multimedia de la UQAM, así como la grabación y difusión del evento a través del internet.

Por último, en cuarto lugar (IV) proponemos hacer recomendaciones concretas a los gobiernos federal y provinciales, así como a otras partes interesadas (colegios de abogados, ONGs, autoridades indígenas, académicos, etc.) con respecto a una mayor integración de Canadá en el SIDH. Tomando en consideración las necesidades identificadas durante las consultas (I y II) y las experiencias presentadas durante los intercambios con nuestros pares latinoamericanos (III), se utilizarán los resultados de las discusiones entre los distintos participantes de Canadá y América Latina para establecer estas conclusiones. Esto también brindará la oportunidad de proponer canales de mayor colaboración entre las comunidades canadienses y latinoamericanas con el fin de aprovechar las experiencias positivas canadienses en América Latina y dentro de la SIDH. Además, las contribuciones de los expertos latinoamericanos se integrarán en una publicación traducida al francés, inglés, español, cree e inuktitut, que también se difundirá en una plataforma web que las compartirá junto con las recomendaciones de los investigadores. Finalmente, otra propuesta es presentar estos resultados a las autoridades canadienses (Global Affairs en Ottawa, Misión Permanente de Canadá ante la OEA en Washington), a la Comisión Interamericana (Washington), así como a aquellos que participaron en las consultas (Montreal, Ottawa, Vancouver y Canadá del Norte).

Resultados previstos

  1. Recomendaciones dirigidas a los gobiernos federales y provinciales de Canadá, así como a otras partes interesadas que abordan las lecciones aprendidas de la experiencia latinoamericana y la plena integración de Canadá en la SIDH
  2. Publicación de las contribuciones de expertos latinoamericanos
  3. Sitio web que presenta las recomendaciones del investigador y las contribuciones de expertos latinoamericanos.
  4. Creación de una red interamericana entre actores canadienses y latinoamericanos.